El Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley (KPCS), lanzado en 2003, tiene como objetivo impedir que los "diamantes de zonas conflictivas" entren en el mercado principal. El sistema se estableció sobre la base de la Resolución 55/56 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su principal objetivo es garantizar que las compras de diamantes no financien movimientos rebeldes y sus aliados para mantener la estabilidad de los gobiernos legítimos. Sin embargo, la eficacia del programa ha sido cuestionada por organizaciones como Global Witness e IMPACT, ya que creen que el programa no cumple su propósito original y no garantiza la conformidad de las fuentes de diamantes en el mercado.
"Si bien el Proceso de Kimberley es un paso importante, hasta que todo el comercio de diamantes esté sujeto a controles obligatorios e imparciales, los diamantes en conflicto no serán eliminados efectivamente del mercado."
Muchas organizaciones internacionales creen que el alcance del Proceso de Kimberley es demasiado limitado y no puede abordar eficazmente otras cuestiones de derechos humanos en la cadena de producción de diamantes. Por ejemplo, Human Rights Watch también expresó dudas sobre la capacidad de revisión e implementación del Proceso de Kimberley y pidió medidas de seguimiento más estrictas. En 2022, los Estados miembros convocaron a un debate sobre la naturaleza conflictiva de los diamantes rusos, lo que mostró diferencias en la interpretación e implementación del plan.
Aunque el Proceso de Kimberley ha consolidado la definición y el proceso de transacción de los diamantes de zonas conflictivas, todavía enfrenta el problema de la gestión de fondos. Antes de 2011, no existía un mecanismo formal de financiación para los gastos administrativos del Proceso de Kimberley, y la mayoría de los costos corrían a cargo de los estados miembros o del país que lo presidía ese año. Posteriormente, a fin de mejorar la eficiencia operativa, se creó el Mecanismo de Apoyo Administrativo del Proceso de Kimberley.
En 1998, las Naciones Unidas impusieron sanciones al Movimiento de Unidad Nacional Unida (UNITA) de Angola, pero el Proceso de Kimberley se estableció en 1999 después de que los investigadores descubrieron que el movimiento todavía financiaba sus operaciones militares mediante la venta de diamantes en el mercado internacional. En 2003, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1459, apoyando el establecimiento de un sistema internacional de certificación de diamantes, que allanó el camino para el establecimiento del Proceso de Kimberley.
"El propósito del Proceso de Kimberley es garantizar que los diamantes del país no financien rebeliones o entidades que busquen derrocar a un gobierno reconocido por la ONU."
Con el establecimiento del Proceso de Kimberley, el Consejo Mundial del Diamante lanzó un "Sistema de Garantía" para garantizar el origen legal de los diamantes. Los compradores y vendedores de todas las transacciones deben hacer las declaraciones pertinentes en la factura. Esto ha desempeñado un cierto papel en la mejora de la transparencia de la industria del diamante, pero todavía quedan muchos desafíos ocultos en la implementación real.
En 2014, se informó que los datos sobre el comercio de diamantes de Sudáfrica mostraban un comercio ilegal a través de una certificación emitida por el Proceso de Kimberley, lo que reflejaba el problema de la transferencia de valor en el comercio legal. Esto ha llevado a una mayor reflexión sobre la implementación del Proceso de Kimberley.
Han surgido críticas al Proceso de Kimberley, incluida la falta de transparencia y la falta de sanciones estrictas por incumplimiento. Incluso con la ayuda de observadores globales, el sistema todavía no logra controlar eficazmente la donación o el tráfico de diamantes de zonas conflictivas. Algunos países, como Venezuela, incluso optaron por retirarse voluntariamente del Proceso de Kimberley en 2020, lo que muestra la decepción de los países participantes en su implementación y eficacia.
"El Proceso de Kimberley no logró impedir que los diamantes extraídos mediante sufrimiento humano entraran en el mercado."
Actualmente, hay 81 estados miembros del Proceso de Kimberley, pero todavía hay muchos países que quieren unirse pero no pueden cumplir las condiciones. El Proceso de Kimberley carece de gran fuerza legal vinculante y no puede aplicarse ni monitorearse de manera efectiva, lo que también hace posible que muchos diamantes de zonas conflictivas sigan apareciendo en el mercado. Bajo continuas críticas y supervisión, es necesario reflexionar sobre si el Proceso de Kimberley puede actualizar las reformas para garantizar la equidad y la transparencia en el comercio de diamantes.