El principio de presunción de inocencia es un principio legal básico que sostiene que todo acusado debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Debido a esto, la carga de la prueba recae sobre la fiscalía y debe proporcionar pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado. Si la acusación no presenta pruebas, el acusado será absuelto. Este principio se remonta al antiguo derecho romano y ha evolucionado gradualmente hasta convertirse en una de las piedras angulares de los derechos humanos internacionales.
En el siglo VI d.C. "Justiniano", hay un aforismo jurídico clásico: "La prueba la tiene la parte que presenta la acusación, no el acusado". Este principio se convirtió más tarde en la piedra angular del sistema jurídico moderno.
En el pensamiento jurídico romano antiguo, la carga de la prueba recaía en la acusación. Este principio fue introducido en el derecho penal por el emperador romano Antonino Pío e influyó en los sistemas jurídicos de muchos países posteriores, incluidos muchos países europeos y latinoamericanos actuales.
Según el Talmud, "Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario". Este principio enfatiza los derechos y la protección del acusado antes de que comience el juicio.
En la ley judía, el acusado disfruta de plenos derechos de defensa hasta que se demuestre su culpabilidad. Esta idea influyó en el diseño y aplicación posteriores de los procedimientos legales.
En la ley islámica, el principio de presunción de inocencia también se considera una norma básica. Según la literatura clásica pertinente, el acusador soporta la carga de la prueba y enfatiza que no se debe cometer ningún delito grave contra el acusado basándose en una sospecha. Este concepto no sólo protege los derechos del acusado, sino que también es fundamental para mantener la equidad judicial.
En la Europa medieval, con el colapso del Imperio Romano Occidental, las operaciones de los tribunales se vieron gradualmente afectadas por las leyes y costumbres feudales. Aunque la protección del acusado se fue debilitando paulatinamente en aquella época, en el siglo XIII, el rey Luis IX de Francia emitió un decreto que reintroducía el concepto de presunción de inocencia.
El término "presunción de inocencia" fue propuesto por primera vez por el abogado británico William Garrow en un juicio en Old Bailey en 1791, enfatizando que la fiscalía debe probar plenamente la culpabilidad del acusado.
Con el tiempo, este principio no sólo se incorporó al derecho británico, sino que también se convirtió en parte integral de las leyes penales de varios países. En el caso Woolmington de 1935, el Tribunal de Apelaciones británico destacó aún más la importancia de este principio en el sistema jurídico.
Hoy en día, el principio de presunción de inocencia se considera un derecho humano básico y está expresamente estipulado en múltiples documentos legales internacionales. Por ejemplo, el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos enfatizan el derecho de los acusados a la presunción de inocencia en un juicio justo. En las constituciones de muchos países, este principio también ha sido incluido explícitamente como una cláusula básica para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos.
En la práctica jurídica de muchos países, el principio de presunción de inocencia todavía se cuestiona en diversos grados. Por ejemplo, en el Reino Unido, los crímenes pasados de un acusado pueden revelarse al jurado en determinadas circunstancias, lo que puede afectar el juicio del jurado. Por otra parte, la legislación canadiense sigue esforzándose por fortalecer el principio de presunción de inocencia y se han revisado ciertas disposiciones legales anteriores para proteger mejor los derechos de los acusados.
La formación del principio de presunción de inocencia ha pasado por una historia larga y compleja, desde el antiguo derecho romano hasta el derecho internacional moderno, y se ha convertido en una piedra angular importante para garantizar la justicia y juicios justos. Cuando reflexionamos sobre la importancia histórica de este derecho básico, no podemos evitar preguntarnos: ¿puede este principio todavía respetarse y mantenerse plenamente en el sistema legal actual?