La política educativa abarca los principios y las decisiones políticas que afectan el campo de la educación, incluidas las leyes y normas que afectan el funcionamiento del sistema educativo. La gobernanza de la educación en los Estados Unidos es principalmente responsabilidad conjunta de los gobiernos locales, estatales y federales, con distintos grados de división del trabajo y cooperación en diferentes niveles. Muchos analistas ven la política educativa como parte de la ingeniería social. La educación se lleva a cabo en muchas formas y abarca una variedad de propósitos e instituciones, desde centros de educación de la primera infancia hasta escuelas que enseñan desde el jardín de infantes hasta el grado 12, y educación de posgrado en todos los niveles universitarios. En estas instituciones, los objetivos educativos influyen directamente en la formulación de políticas educativas.
Las cuestiones en el desarrollo de políticas educativas permean a los estudiantes de todas las edades escolares e incluyen el tamaño de la escuela, el tamaño de las clases, la elección de la escuela, la privatización de la escuela, la aplicación de la ley dentro de las escuelas, las políticas de distribución, la selección de docentes, la educación y la acreditación, y más.
La política educativa también debe abordar los desafíos en la educación superior, como la educación de los estudiantes indocumentados, la disponibilidad de educación sexual y la asignación de ayuda federal para estudiantes. El análisis de la política educativa busca responder preguntas sobre el propósito de la educación, los objetivos sociales e individuales, los medios para alcanzar esos objetivos y las herramientas para medir el éxito o el fracaso. Esta investigación a menudo se lleva a cabo en una variedad de campos e instituciones académicas, incluida la educación, las políticas públicas, la psicología, la economía y la sociología.
Durante los últimos 30 años, ha habido un aumento gradual en la participación de los responsables de las políticas educativas de Estados Unidos, tanto a nivel estatal como federal. Según la Décima Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, los gobiernos estatales tienen autoridad primaria sobre la educación, y la mayor parte del presupuesto educativo lo asumen los gobiernos estatales, mientras que una proporción relativamente pequeña del presupuesto federal se asigna a la educación. Con el tiempo, el gobierno federal ha seguido aumentando su papel a través de políticas educativas federales que influyen en la financiación y la evaluación de la educación. Por ejemplo, la Ley de Educación de Defensa Nacional de 1958 se estableció para aumentar la financiación federal para las escuelas, mientras que la Evaluación Nacional del Progreso Educativo es responsable de rastrear y comparar el desempeño académico de los estudiantes en todos los estados.
La complejidad de la reforma educativa se compara a menudo con una "red enmarañada" porque la autoridad educativa está dispersa y se superpone a los niveles federal, estatal y local, lo que genera ineficiencias en la gobernanza.
En comparación con otros países de la OCDE, la gobernanza de la educación en Estados Unidos está más descentralizada y la mayor parte de la autonomía se concentra en los estados y distritos escolares. Esta situación se deriva del énfasis de los ciudadanos estadounidenses en los derechos individuales y de sus preocupaciones por la excesiva intervención del gobierno federal. El sistema educativo estadounidense no está coordinado ni es probable que mejore, según un informe del Centro Nacional de Educación y Economía.
La política docente es una política educativa que aborda cuestiones como la preparación, el reclutamiento y la retención de los educadores. La política docente debe guiarse por la visión general y las características de la política educativa y debe centrarse en ser estratégica, holística, factible, sostenible y sensible al contexto. Una política docente integral debe abarcar todos los objetivos, desafíos clave, mecanismos de financiación y recursos humanos necesarios para lograr el acceso universal a una educación de calidad.
Nueve dimensiones clave son esenciales en una política docente integral: reclutamiento y retención de docentes, formación docente (inicial y continua), asignación, estructuras/trayectorias profesionales, empleo y condiciones laborales de los docentes, recompensas y remuneración de los docentes, estándares docentes, rendición de cuentas y gobernanza escolar.
Para promover la igualdad de género en la educación, es esencial contar con datos y evidencias oportunos y de calidad para el desarrollo, la planificación y la implementación de políticas. Estos datos pueden ayudar a los países a identificar y analizar patrones y tendencias de género, y a planificar y orientar mejor los recursos para abordar las desigualdades de género. Si bien el marco de seguimiento del ODS 4 es un paso adelante en el proceso de formulación de políticas, un marco integral de seguimiento de la igualdad de género aún debe tener en cuenta muchos factores, incluidas las normas sociales y de género, las leyes y políticas educativas, la asignación de recursos y la discriminación en la enseñanza y el aprendizaje. formatos.
A medida que las políticas educativas continúan evolucionando, ¿cómo cambiará el sistema educativo de EE. UU. en el futuro? ¿Cómo podemos prepararnos para esto?