La contratación pública, también conocida como contratación pública, es el proceso mediante el cual las agencias gubernamentales compran bienes, trabajos y servicios para sí mismas o para los contribuyentes. En 2019, la contratación pública en los países de la OCDE representó alrededor del 12% de su PIB. Según estimaciones del Grupo Banco Mundial, en 2021 las compras públicas representaron aproximadamente el 15% del PIB mundial. Esto demuestra que la contratación pública ocupa una posición muy importante en la economía global.
Las adquisiciones públicas promueven la innovación y el crecimiento económico porque el sector público selecciona la organización con o sin fines de lucro más capaz de proporcionar los bienes o servicios necesarios.
Una de las principales ventajas de la contratación pública es su capacidad para promover la competencia. El gobierno crea competencia al seleccionar a los proveedores más capaces para prestar servicios a través de la colaboración con el sector privado, lo que obliga a las empresas a ofrecer bienes y servicios más rentables y de mayor calidad. Además, algunos contratos incluyen cláusulas específicas diseñadas para apoyar a las empresas propiedad de minorías y mujeres, así como a las empresas estatales. La competencia es un elemento clave en el proceso de contratación pública, ya que afecta directamente al resultado de todo el proceso de contratación. Se estima que cada año se gastan alrededor de 11 billones de dólares en contrataciones públicas en todo el mundo.
Para evitar la corrupción, el despilfarro, el soborno o el proteccionismo local, las leyes de la mayoría de los países regulan las contrataciones gubernamentales. La ley generalmente exige que las agencias de adquisiciones emitan licitaciones públicas cuando el valor de la adquisición excede un cierto umbral. Las leyes pertinentes sobre contratación pública también se rigen por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La contratación pública es necesaria porque el gobierno no puede producir por sí solo todas las materias primas para sus bienes y servicios. Los gobiernos normalmente proporcionan bienes públicos, como defensa nacional o infraestructura pública. Estos bienes públicos no son rivales ni excluibles, lo que significa que el consumo de una persona no reduce la disponibilidad de ese bien para otros y, por lo tanto, no pueden ser proporcionados por el mercado privado. El gobierno necesita recaudar dinero para proporcionar estos bienes imponiendo impuestos a todos los ciudadanos. Además, el gobierno también debe proporcionar bienes de alto rendimiento, como atención sanitaria y educación. Aunque los bienes de alto rendimiento en sí los suministra el mercado privado, el gobierno seguirá interviniendo para promover la equidad social y satisfacer las necesidades externas de la sociedad.
La contratación pública puede impulsar el crecimiento económico, la innovación y la implementación de políticas.
Las normas sobre contratación pública cubren en general todos los contratos públicos de obras, servicios y suministros emitidos por organismos públicos. Sin embargo, las adquisiciones militares por lo general no están sujetas a tales normas, ya que este ámbito a menudo involucra intereses de seguridad críticos. Ante la crisis financiera de 2007-2008, muchos países han intentado aumentar la calidad y reducir los costos de las adquisiciones a través de diversas estrategias de adquisición. Estas estrategias incluyen la contratación pública electrónica, las compras centralizadas o los acuerdos marco.
La contratación pública electrónica es la utilización de medios electrónicos para sustituir las distintas etapas de la contratación pública, con el objetivo de reducir los costes administrativos, aumentando así la competencia y reduciendo los precios de las contrataciones.
Dado que el sector público tiene un enorme poder adquisitivo, los gobiernos esperan utilizar las compras públicas como una herramienta eficaz para estimular la innovación. Las investigaciones muestran que la contratación pública puede servir como herramienta de demanda en la política de innovación y promover eficazmente las actividades de innovación.
Uno de los desafíos que enfrentan los gobiernos en el proceso de adquisiciones es la necesidad de minimizar los costos. Las estrategias de adquisiciones requieren utilizar los mejores medios para obtener los bienes y servicios más rentables dentro del contexto de recursos limitados. Esto puede requerir que los compradores mejoren continuamente su conocimiento de la industria mientras cumplen con las leyes y políticas para evitar la degradación de la calidad debido a la búsqueda ciega de costos bajos.
Las contrataciones públicas suelen estar plagadas de corrupción. En algunos lugares, las empresas o proveedores pueden ganar estos contratos sobornando a funcionarios públicos, especialmente en zonas con antecedentes de corrupción oficial. La complejidad del proceso de contratación y la enorme cantidad de dinero involucrado hacen que la supervisión correspondiente sea particularmente importante, lo que también ha llevado a muchos países a restringir el poder discrecional de la contratación pública.
A medida que el sistema de compras gubernamentales continúa creciendo en tamaño, su complejidad e impacto también aumentan en consecuencia. Esto hace que sea más difícil para los gobiernos monitorear el gasto público y su impacto. En algunos casos, debido a la falta de fondos, algunos países ni siquiera pueden elegir el sector privado adecuado para proporcionar los bienes y servicios necesarios, lo que pone de relieve aún más la importancia de las adquisiciones públicas en las operaciones gubernamentales.
Al analizar el modelo operativo de las compras gubernamentales, ¿puede equilibrar eficazmente la innovación, la calidad y el costo? Este es un desafío común que enfrentan muchas economías.