El modelo nórdico, también conocido como modelo del fin de la demanda o neoabolicionismo, es una práctica que considera el trabajo sexual como una práctica que debe prohibirse. Bajo este modelo, tanto los clientes como terceros son criminalizados, lo que hace que las trabajadoras sexuales enfrenten serias dificultades en su forma de operar. La postura radical ha provocado intensos debates sobre el trabajo sexual, la igualdad de género y los derechos humanos desde que el modelo se implementó por primera vez en Suecia en 1999.
El principal objetivo de este modelo es eliminar por completo la industria del sexo castigando la compra de servicios sexuales.
Suecia fue el primer país en implementar este modelo, seguido por Noruega, Islandia, Canadá y otros países, formando una red legal cuyo núcleo es imponer sanciones a los clientes. Pero la eficacia de este modelo ha generado debate. Los partidarios argumentan que el modelo ha reducido el número de comercio sexual en las calles, mientras que los opositores señalan que no ha cambiado fundamentalmente la situación de las trabajadoras sexuales.
Desde que Suecia implementó la prohibición en 1999, muchos países han observado sus posibles efectos. En 2008, el gobierno sueco creó una comisión especial de investigación para evaluar el impacto de la ley en la industria del sexo. El informe muestra que el tráfico sexual callejero se ha reducido a la mitad, y señala que el tráfico sexual callejero en Estocolmo es significativamente menor que en Copenhague y Oslo.
El setenta por ciento de los suecos apoya una ley que prohíba la compra de servicios sexuales, lo que muestra un cambio en la opinión pública.
Sin embargo, se ha cuestionado la confiabilidad de estos datos. Con la implementación de la ley, el acceso de los trabajadores sexuales a los servicios sociales y de salud en realidad ha disminuido, y los informes muestran que desde la implementación del proyecto de ley, la incidencia de delitos violentos no ha disminuido, sino que en realidad ha empeorado en países como Irlanda.
En Noruega, la ley sobre tráfico sexual aprobada en 2009 provocó un acalorado debate. Algunos informes sugieren que la ley ha tenido un efecto disuasorio en el mercado del sexo, mientras que las actitudes hacia la compra de sexo también han cambiado. Sin embargo, persisten dudas sobre la fiabilidad de los datos, ya que el número de víctimas potenciales todavía muestra un aumento después de la implementación del proyecto de ley.
En países como Islandia, aunque la ley de prohibición se promulgó ya en 2009, el mercado del comercio sexual todavía está en auge. La policía a menudo se enfrenta a víctimas que no cooperan durante las investigaciones, lo que demuestra que la implementación de la ley enfrenta dificultades.
Varias organizaciones que apoyan los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, incluidas voces internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han criticado el modelo nórdico. Creen que dichas leyes no sólo no protegen la seguridad de las trabajadoras sexuales, sino que también aumentan los riesgos para ellas en el curso de su trabajo.
Las leyes de estilo nórdico hacen que las trabajadoras sexuales enfrenten acoso policial, violencia por parte de los clientes y estigma social.
Según algunos estudios, las leyes de prohibición como las de Suecia y Noruega pueden empujar el trabajo sexual hacia el mercado clandestino, creando en realidad mayores riesgos y agravando la difícil situación de las trabajadoras sexuales. Siempre ha habido marcadas diferencias entre las opiniones de los partidarios y los opositores de la ley.
Tomemos a Irlanda como ejemplo. Desde 2017, su legislación penal ha prohibido explícitamente la compra de servicios sexuales. Sin embargo, los informes han demostrado que los casos de delitos violentos se han disparado, lo que indica que el diseño legal puede no proteger eficazmente a las trabajadoras sexuales. Además, la experiencia de Irlanda del Norte y Canadá ilustra desafíos similares con respecto a la incapacidad de las leyes para prevenir la violencia contra las trabajadoras sexuales.
En Francia, el modelo nórdico llevó a que más de 261 trabajadoras sexuales presentaran denuncias de derechos humanos contra el gobierno, argumentando que la ley violaba sus derechos humanos básicos. En este contexto complejo, la situación jurídica de las trabajadoras sexuales se ha convertido en el centro de la atención social.
A medida que muchos países revisan las leyes del modelo nórdico, las discusiones entre el pueblo y el gobierno parecen volverse cada vez más urgentes. Para quienes abogan por la despenalización total del trabajo sexual, los próximos años determinarán el destino de innumerables trabajadoras sexuales.
La vaga pregunta de si la ley realmente puede cambiar la situación de las personas que ejercen el trabajo sexual se ha convertido en el centro de un pensamiento profundo en todos los ámbitos de la vida.
Por supuesto, no importa qué método se utilice, el objetivo final es reducir el sufrimiento de las personas que ejercen el trabajo sexual y crear un ambiente de trabajo más seguro para ellas. ¿Cómo deberíamos equilibrar las fronteras entre el derecho y los derechos humanos?