En el sistema de justicia penal de Japón, hay tres características básicas que constituyen la clave de su funcionamiento. En primer lugar, existe una estrecha relación de colaboración entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley (incluida la policía, los fiscales, los tribunales y los servicios penitenciarios), con consultas frecuentes sobre la mejor manera de lograr objetivos compartidos de limitar y controlar la delincuencia. En segundo lugar, se alienta a los ciudadanos a ayudar a mantener el orden público y participar ampliamente en campañas de prevención del delito, arrestos de sospechosos y programas de rehabilitación para delincuentes. Por último, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen considerable discreción cuando tratan con sospechosos de delitos.
Según datos de la policía japonesa, la policía registró 568.104 delitos en 2021, de los cuales 8.821 fueron clasificados como delitos graves (como asesinato, robo, etc.). La tasa de arrestos por estos delitos graves llega al 93,4%. Los datos muestran que la tasa de condenas en Japón ha superado el 99,8%, una cifra que incluso supera a algunos de los regímenes autoritarios actuales.
Los académicos han señalado que la alta tasa de condenas en Japón se debe principalmente a su baja tasa de enjuiciamiento y a la diferencia en la forma en que se calculan las tasas de condenas con respecto a otros países. En Japón, los fiscales sólo procesan casos en los que existe una posibilidad razonable de obtener una condena, lo que da como resultado un número relativamente pequeño de casos que realmente se procesan.
Los fiscales japoneses retrasan el procesamiento en el 60% de los casos, y aproximadamente el 30% de los casos concluyen mediante juicios sumarios. Este juicio sumario se lleva a cabo sin un juicio formal después de que el fiscal presenta los documentos. Bajo este sistema, sólo el 8% de los casos son realmente procesados por fiscales.
Según el análisis de los estudiosos, este comportamiento de los fiscales se basa en un miedo excesivo al riesgo de perder el caso, porque el fracaso dañará su reputación. Las tasas de procesamiento y condena han disminuido desde que se introdujo el sistema de jurado en 2009.
El sistema de justicia penal de Japón ha experimentado cambios significativos, especialmente desde la Restauración Meiji en 1868. Hasta la Restauración Meiji, el poder judicial de Japón estaba principalmente bajo el control directo del daimyo, basándose en normas morales más que en la ley. Después de 1868, los primeros códigos legales promulgados, como el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de 1880, siguieron el modelo de la ley francesa y marcaron el comienzo de tratar a todos los ciudadanos como iguales y establecer una administración centralizada de justicia penal.
Cuando la policía arresta a un sospechoso, el caso se remite a los fiscales. Según la ley, los fiscales tienen poderes únicos para decidir si procesan un caso. Según el artículo 248 del Código de Procedimiento Penal de Japón, los fiscales pueden decidir no procesar al considerar el tipo de delito y la situación del acusado.
Además de la discreción de los fiscales, la policía también tiene una amplia discreción con respecto a los delitos juveniles y puede enviar a los menores sospechosos a los tribunales de menores para recibir asesoramiento.
El sistema policial de Japón alienta a los ciudadanos a participar en la aplicación de la ley, y en el proceso de arrestos y procesamientos, la participación ciudadana se considera parte del mantenimiento del orden social. Este énfasis en la participación comunitaria introduce un consenso de responsabilidad moral manteniendo al mismo tiempo la seguridad pública.
Sin embargo, el sistema de justicia de Japón ha sido criticado durante mucho tiempo, incluidas preguntas sobre detenciones prolongadas y falta de asesoría legal. Algunos académicos se refieren a esto como "justicia de rehenes", que se refiere al uso de detenciones prolongadas e interrogatorios forzados para mejorar las posibilidades de éxito de la acusación.
Algunas personas critican esta práctica por considerarla incompatible con las normas de derechos humanos y creen que puede dar lugar a confesiones falsas y encarcelamientos injustos.
Las características del sistema de justicia penal de Japón resultan en su abrumadora tasa de condenas, pero también hay muchos problemas desconocidos escondidos detrás de él. A medida que la sociedad preste cada vez más atención a la justicia y los derechos humanos, ¿se reevaluará y cambiará este modelo?