Desde que se estableció el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en la Unión Europea en 1997, éste se ha convertido en una base importante para mantener la estabilidad económica de la zona del euro. El acuerdo tiene como objetivo garantizar que los 27 estados miembros puedan mantener la disciplina fiscal y promover el crecimiento económico en la Unión Económica y Monetaria (UEM). Con el tiempo, el acuerdo ha sufrido múltiples ajustes y desarrollos, y su impacto en la economía de la UE se ha vuelto cada vez más complejo.
La principal institución encargada de implementar el seguimiento de la política fiscal es la Comisión Europea, que orienta las políticas fiscales de los Estados miembros a través de recomendaciones anuales específicas para cada país. Según el acuerdo, los Estados miembros deben mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 60% del PIB. Si un Estado miembro viola la normativa pertinente, se iniciará el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) y podrá enfrentarse a sanciones económicas.
"La intención original del acuerdo era asegurar la estabilidad y el crecimiento sostenible de la economía europea, pero los resultados de su implementación varían mucho dependiendo de las condiciones económicas de cada país."
En 2005, el PEC fue objeto de una importante reforma destinada a aumentar la flexibilidad y mejorar los mecanismos de aplicación. El núcleo de esta reforma es establecer objetivos presupuestarios de mediano plazo (MTO) específicos para cada estado miembro, lo que significa que diferentes países pueden establecer objetivos fiscales en función de sus propias condiciones económicas.
La crisis de la deuda europea entre 2011 y 2013 reveló muchas deficiencias del PEC, lo que llevó a la UE a reforzar aún más su supervisión de las políticas fiscales. Debido a la situación económica del momento, los Estados miembros en general violaron las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y fueron necesarias reformas estructurales a gran escala para reconstruir la confianza.
A partir de 2020, con el brote de COVID-19, algunas disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se suspendieron temporalmente, lo que permitió a los Estados miembros aumentar el gasto fiscal para hacer frente al impacto de la epidemia. La aplicación de esta política ha dado como resultado déficits fiscales superiores al 3% en muchos países.
"Durante este período, mientras el lanzamiento del PDE está suspendido temporalmente, se siguen siguiendo de cerca las condiciones económicas de cada país".
Con el estallido de la guerra ruso-ucraniana, el aumento de los precios de la energía y el incremento del gasto de defensa han creado nuevas presiones presupuestarias para todos los estados miembros de la UE. El proceso EDP, que se espera que se reinicie en 2024, llevará a cabo una revisión exhaustiva de los resultados financieros de 2023 y los presupuestos de 2024 de los Estados miembros.
En 2024, la UE implementará un nuevo conjunto de reglas del PEC que permitirán a los estados miembros cumplir con los límites fiscales a un ritmo más lento si enfrentan requisitos de reforma específicos. Esto significa que en los próximos años, la flexibilidad de los Estados miembros en el ajuste económico ayudará a lograr políticas fiscales más sostenibles.
Esta serie de evoluciones ha hecho que el PEC no sólo sea un marco para la política fiscal, sino que se haya convertido gradualmente en un mecanismo central de todo el sistema de gobernanza económica de la UE. ¿Cómo afectarán las nuevas mejoras a la recuperación y el desarrollo de la economía europea?