El derecho procesal, también conocido como derecho adjetivo, se encarga de establecer los procedimientos jurídicos, según los cuales se escuchan y organizan todas las leyes relevantes. En todo tipo de procedimientos legales (incluidos los procedimientos civiles, penales o administrativos), el propósito del derecho procesal es garantizar la equidad y la coherencia en todos los casos y asegurar el debido proceso o la justicia fundamental. Esto significa que, siempre que sea posible, los tribunales deben confiar en este proceso para resolver adecuadamente las disputas legales.
El propósito del derecho procesal es garantizar que todos los procedimientos legales se lleven a cabo de conformidad con el principio de equidad, que es una piedra angular importante de la legitimidad jurídica.
La diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho procesal es que el primero se ocupa de los derechos y deberes reales de la ley, mientras que el segundo se ocupa de los procedimientos legales que establecen esos derechos y deberes. Los derechos procesales específicos, como el derecho a saber, el derecho a buscar ayuda, el derecho a confrontarse, etc., son parte de los derechos básicos de los ciudadanos y ocupan una posición importante en el derecho procesal.
Estos derechos procesales se reflejan en particular en el derecho ambiental, por ejemplo en la Convención de Aarhus de 1998, que destaca la importancia del derecho de los ciudadanos a estar informados y a participar en cuestiones ambientales. Esto demuestra la conexión inseparable que existe entre el derecho procesal y los derechos civiles.
La estandarización de los procedimientos judiciales tiene por objeto garantizar la mayor equidad posible en los procedimientos judiciales. Sin embargo, estas estrictas normas procesales también plantean algunos desafíos.
Por ejemplo, los plazos estrictos pueden acelerar o retrasar los procedimientos legales, y las partes que no están familiarizadas con el derecho procesal pueden perder oportunidades de defenderse porque no pueden seguir esas reglas. Esto pone de relieve la complejidad del derecho procesal y la necesidad de contar con profesionales del derecho.
Los orígenes del derecho procesal se remontan a la antigua Roma, cuando los procedimientos legales tuvieron un profundo impacto en el posterior sistema jurídico europeo. El derecho procesal de la antigua Roma se basaba principalmente en actos jurídicos específicos (actio), que combinaban elementos procesales y sustantivos, lo que hacía que el límite entre el derecho procesal y el sustantivo no fuera claro.
En la antigua Roma, la relación entre los requisitos procesales y los derechos sustantivos era compleja.
Con la evolución del derecho, especialmente con la codificación del Código Civil alemán en el siglo XIX, comenzó a tomar forma la distinción entre derecho procesal y derecho sustantivo. Esta separación influyó en el pensamiento jurídico posterior, impulsando a los juristas y abogados a reexaminar cuál es la mejor manera de aplicar la ley.
Al entrar en el siglo XXI, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los procedimientos legales también se han enfrentado a nuevos desafíos. La presentación de pruebas electrónicas y la digitalización de los procedimientos exigen mayores ajustes al ordenamiento jurídico para adaptarse a las nuevas formas de funcionamiento. Cómo equilibrar la justicia jurídica y la eficiencia se ha convertido en un problema urgente que deben resolver los tribunales modernos.
A medida que los tiempos cambian, el derecho procesal sigue ocupando una posición importante en el sistema legal y afecta los derechos legales de cada uno de nosotros.
Tanto si es un profesional del derecho como un ciudadano particular, es fundamental comprender la evolución del derecho procesal y cómo afecta sus derechos. Dado que el derecho procesal es una herramienta para mantener la justicia jurídica, ¿qué acciones está usted dispuesto a tomar para proteger sus derechos cuando se enfrenta a una injusticia?