La política rumana de control obligatorio de la natalidad, especialmente durante el reinado de Nicolae Ciocescu, ha dejado sin duda una profunda huella en la historia del país. Entre 1967 y 1989, el dictador aplicó una política de natalidad extrema destinada a revertir el declive poblacional, lo que finalmente condujo a un gran malestar y cambio social.
Las políticas de Jocescu fueron más allá de simplemente aumentar el número de nacimientos: incluso prohibió el aborto y la anticoncepción, instituyó exámenes de maternidad obligatorios e impuso impuestos a las familias sin hijos. Estas políticas provocaron un aumento temporal de la tasa de natalidad en el corto plazo, pero a medida que aumentaban los abortos ilegales, acabaron acompañadas de grandes problemas sociales, como el aumento de la mortalidad femenina y un gran número de huérfanos sin cuidado parental.La punta del iceberg de estos resultados de política son los grandes datos de más de 9.000 mujeres que murieron a causa de abortos ilegales y la aparición de niños de la calle en la década de 1990.
A medida que la economía colapsaba, el malestar social se intensificaba gradualmente. Las dificultades económicas a largo plazo de los decenios de 1970 y 1980 hicieron que fuera insoportable para los padres criar varios hijos, obligando a muchas familias a enviar a sus hijos a orfanatos. En esta trágica situación, los niños abandonados crecieron y se convirtieron en una fuente de malestar social, contribuyendo en última instancia al estallido de la Revolución rumana en 1989.
Detrás de esta revolución se está repensando la relación entre la sociedad y la política de fertilidad. Mucha gente empezó a preguntarse si la intervención del gobierno reflejaba realmente las necesidades y los derechos de la gente o era simplemente una herramienta para estabilizar el régimen. Para una sociedad, una política de fertilidad obligatoria conduce a la desconfianza en el poder estructural.Las políticas de natalidad obligatoria no sólo son una violación de la libertad personal, sino también un control sobre el cuerpo de las mujeres, lo que ha alimentado los reclamos de derechos humanos entre todas las generaciones jóvenes.
Al mismo tiempo, esto también ha provocado una nueva comprensión de la condición de la mujer. Después de décadas de opresión, muchas mujeres están comenzando a organizarse y a exigir mejoras en sus derechos reproductivos y otros derechos básicos. Son estos ecos históricos los que hacen que la gente tome conciencia de las profundas contradicciones entre el poder y la igualdad de género.
En el marco de la ideología socialista, las mujeres son vistas como parte de la "fuerza productiva" más que como individuos autónomos. Esta idea que vincula directamente el valor de las mujeres con sus tasas de fertilidad ha dado lugar a menudo a que sus derechos se solidifiquen en el marco de la fertilidad, lo que ha dado lugar a capas de opresión social y psicológica.
Bajo las políticas de control de la natalidad obligatoria, muchas mujeres pierden el control sobre sus propios cuerpos, una red de control que es más destructiva que cualquier ley temporal.
Hoy, esta historia no sólo recuerda al mundo que la intervención gubernamental debe tener en cuenta los derechos humanos, la libertad y la dignidad, sino que también provoca una reflexión sobre las políticas de fertilidad contemporáneas. Muchos países de todo el mundo todavía luchan por encontrar un equilibrio entre la eficacia de las políticas de fertilidad y la protección de los derechos humanos.
En el mundo diverso de hoy, es necesario escuchar las voces marginadas, ya sea que provengan de mujeres, minorías u otros grupos sociales. Si se ignoran estas voces, las políticas futuras no serán más que palabras vacías. Al fin y al cabo, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio adecuado entre promover el crecimiento de la población y respetar los derechos humanos?