El Bono de Impacto Social (BIS) es un nuevo modelo de financiación en el que los inversores reciben rendimientos del gobierno cuando los beneficios sociales alcanzan ciertos objetivos predeterminados. Este concepto innovador fue lanzado por primera vez por la Fundación Social Británica en 2010, creando una nueva visión del capital social gubernamental y atrayendo gradualmente la atención de los gobiernos globales. En los años siguientes, se expandió rápidamente a muchos países, especialmente en Estados Unidos y Australia. Recibió amplia atención y aplicaciones.
“Los bonos de impacto social abren una ventana a recursos para abordar los problemas sociales de formas novedosas, lo que ha generado una respuesta positiva en todos los sectores”.
El concepto de bonos de impacto social se remonta a 1988, cuando fue propuesto por el economista neozelandés Ronnie Horesh, pero no fue hasta 2010 que se lanzó realmente en el Reino Unido. El Ministro de Justicia británico, Jack Straw, anunció el primer programa piloto de bonos de impacto social el 18 de marzo de 2010, con el objetivo de mejorar la situación de reintegración social de los reclusos. Después de una serie de discusiones y planificación, a este modelo innovador se le ha dado una oportunidad concreta de practicar. Los bonos de impacto social no se limitan a cuestiones penitenciarias, sino que también pueden apoyar servicios sociales en más campos, como la educación y la atención médica en el futuro.
Desde 2010, los bonos de impacto social se han convertido en una opción para que muchos gobiernos exploren nuevos modelos de financiación. Hasta 2019, se han lanzado 132 bonos de impacto social en 25 países, con una capitalización total superior a los 420 millones de dólares. En mayo de 2023, 23 países están utilizando bonos de impacto social, participando en 276 proyectos y el valor total de los fondos recaudados está a punto de superar los 745 millones de dólares.
“Los bonos de impacto social proporcionan un capital valioso para la innovación en los servicios sociales, especialmente en aquellas áreas donde el apoyo es más necesario”.
Los bonos de impacto social generalmente están estructurados conjuntamente por organizaciones no gubernamentales e inversores. El gobierno sólo paga las tarifas correspondientes después de que el proveedor del servicio logra resultados sociales específicos. La innovación de este tipo de contrato es que el gobierno no necesita pagar fondos por adelantado, sino que utiliza los resultados reales como base para el pago, lo que mejora significativamente la eficiencia del flujo de capital.
La operación de bonos de impacto social ayuda a transferir riesgos financieros porque los proveedores de servicios pueden transferir riesgos comerciales a los inversores, lo que alienta a las empresas y organizaciones sin fines de lucro a desarrollar soluciones innovadoras para lograr los resultados deseados. Por ello, este tipo de vínculo es muy buscado, especialmente en proyectos de servicios sociales que requieren innovación.
La promoción de bonos de impacto social ofrece numerosas ventajas teóricas. En primer lugar, permite que los programas sociales preventivos reciban el apoyo financiero necesario. En segundo lugar, como los inversores asumen la mayor parte del riesgo, dicha estructura incentiva a los proveedores de servicios a centrarse más en alcanzar objetivos con criterios de éxito cuantificables. Además, el Bono de Impacto Social también introduce un mecanismo general de seguimiento y evaluación para mejorar la transparencia y eficacia del proyecto.
“Con la participación del sector privado, los bonos de impacto social pueden canalizar más recursos y enfoques innovadores hacia los servicios sociales”.
Sin embargo, si bien el concepto ha inspirado un debate generalizado, también ha recibido críticas. Los críticos dicen, por ejemplo, que los bonos de impacto social podrían desviar fondos de importantes programas sociales que tienen resultados difíciles de cuantificar. Además, los complejos contratos y los requisitos de presentación de informes de dichos programas pueden hacer que los costos de funcionamiento sean prohibitivos e imponer cargas significativas a quienes participan.
A medida que se siguen promoviendo y experimentando bonos de impacto social en todo el mundo, los expertos están llenos de expectativas para su futuro. Ya sea mejorando la eficiencia de los servicios sociales, fomentando la innovación social o mejorando la gestión de los recursos públicos, los bonos de impacto social tienen un potencial infinito. Sin embargo, cómo encontrar soluciones específicas que se adapten a las necesidades locales y medir y evaluar los efectos reales de estas soluciones son desafíos clave para hacer avanzar este modelo en el futuro.
¿Puede la implementación exitosa de bonos de impacto social convertirse en la piedra angular de nuevos servicios públicos y cómo afectará la relación entre el gobierno, las empresas y la sociedad?