En el sistema judicial moderno, la doctrina de la estructura básica, como regla clave, es de gran importancia para proteger los derechos básicos de los ciudadanos. Esta doctrina sostiene que ciertas características fundamentales de la Constitución no pueden ser modificadas ni eliminadas, ni siquiera por la legislatura. El concepto fue reconocido formalmente por primera vez por la Corte Suprema de la India en el caso de 1973 de Kesavananda Bharati contra el Estado de Kerala y se ha convertido en una parte importante del derecho constitucional indio.
La doctrina de la estructura básica sirve como marco legal que garantiza que la legislatura no tenga poder para cambiar las características fundamentales de la Constitución.
El núcleo de la doctrina de la estructura básica es que distingue claramente entre el poder legislativo para reformar y la inviolabilidad de la Constitución misma. La doctrina tiene sus raíces en una serie de casos judiciales, entre los que destacan Golaknath v. Estado de Punjab y Kesavananda Bharati v. Estado de Kerala. En el caso Golaknath, la Corte Suprema declaró por primera vez la inviolabilidad de los derechos fundamentales y dejó claro que cualquier enmienda constitucional que los impida sería considerada inválida.
Se considera que los derechos fundamentales de la Constitución tienen un estatus que trasciende las leyes y reglamentos generales, y el legislador no puede interferir con ellos a voluntad.
En el caso Kesavananda Bharati, el juez Hans Raj Khanna amplió aún más el concepto de esta doctrina, diciendo que la estructura básica de la Constitución no solo se refiere a los derechos fundamentales, sino que también incluye cosas como la democracia, elementos como el estado de derecho. de derecho y un poder judicial independiente. Según el juez, el objetivo fundamental de la Constitución es salvaguardar la dignidad y la libertad de los ciudadanos, las cuales no deben ser vulneradas por ningún legislador.
La estructura básica de la Constitución debe mantenerse para proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
De acuerdo con la doctrina de la estructura básica, cualquier intento de debilitar o cambiar estas características básicas mediante una enmienda constitucional será considerado inconstitucional por la Corte Suprema. Por ejemplo, en un caso electoral de 1975, la Corte utilizó la doctrina de la estructura básica para dictaminar que algunas normas legales relativas a las elecciones eran inconstitucionales, impidiendo así con éxito que el gobierno infringiera el proceso democrático.
La influencia de la doctrina no se limita a la India; países como Pakistán, Bangladesh y Uganda también han adoptado el principio, aunque su implementación y sus efectos jurídicos pueden variar. Bangladesh, en particular, tiene el Artículo 7B de su Constitución que incorpora explícitamente la doctrina estructural básica, lo que lo convierte en el único sistema legal del mundo que lo enuncia explícitamente de esta manera.
La existencia de la doctrina de la estructura básica restringe el poder del poder legislativo, garantizando así el funcionamiento efectivo de los principios de la democracia y del estado de derecho.
Sin embargo, la doctrina estructural básica también ha enfrentado críticas y desafíos. Los tribunales de algunos países, como el Tribunal Superior de Singapur, han rechazado explícitamente la doctrina, mientras que su aplicabilidad en el derecho malasio ha experimentado giros y vueltas. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos académicos y jueces comenzaron a aceptar la legitimidad y necesidad de esta teoría, creyendo que no sólo era una protección constitucional sino también una garantía de las libertades civiles.
En el marco jurídico en evolución, la cuestión central de la doctrina de la estructura básica sigue siendo cómo definir con precisión las "características esenciales". Actualmente, esta doctrina permite a los tribunales determinar el contenido estructural básico específico en función de circunstancias y casos específicos, por lo que la interpretación y aplicación de los tribunales afectará directamente los derechos básicos de los ciudadanos.
El establecimiento de una estructura básica es fundamental para prevenir el abuso de poder. Sólo garantizando que no se violen los derechos básicos la sociedad podrá avanzar hacia la equidad y la justicia.
En general, la doctrina de la estructura básica no es sólo un principio jurídico, sino también un guardián de los derechos básicos de los ciudadanos en el entorno jurídico y político contemporáneo. El fundamento de esta doctrina es la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que garantizan que todo ciudadano goce de la protección de la ley. Sin embargo, a medida que la sociedad cambia y la ley evoluciona, ¿podemos seguir confiando en esta doctrina para mantener la libertad y los derechos de los ciudadanos en el futuro?