En la década de 1930, los programas del New Deal promovidos activamente por la administración Roosevelt en Estados Unidos enfrentaron muchos desafíos legales, el más controvertido de los cuales fue la revisión del New Deal por parte de la Corte Suprema. Aunque varios fallos tempranos parecieron brindar apoyo a los partidarios del New Deal, en última instancia, las decisiones de la Corte Suprema supusieron un enorme revés para la administración Roosevelt, especialmente la pensión ferroviaria propuesta en 1945, que tuvo un impacto de largo alcance no solo en el entorno económico de ese momento, sino también en el futuro sistema de bienestar social en los Estados Unidos.
El fallo de la Corte Suprema no sólo afecta al destino del New Deal, sino que también pone a prueba la división de poderes entre el presidente y el Congreso en el sistema constitucional estadounidense.
El año 1935 estuvo marcado por numerosos desafíos legales y demandas judiciales. En particular, en el caso Railroad Retirement Board v. Alton Railroad, el juez expresó dudas sobre el plan de pensiones promovido en el New Deal y finalmente rechazó el reclamo del gobierno por una votación de 4 a 5. El juez Roberts consideró que esta práctica no sólo no resaltaba su impacto positivo en la seguridad ferroviaria, sino que también era una "apropiación flagrante" de la propiedad privada, que violaba la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda.
Tras esta trascendental decisión, las preocupaciones del poder ejecutivo sobre la Corte Suprema han aumentado. El presidente Roosevelt se sintió amenazado por la interferencia de la Corte Suprema e incluso intentó cambiar la composición del tribunal. Esta forma de enfrentar los desafíos ha dado lugar a tortuosas evaluaciones históricas y ha estimulado aún más la reflexión sobre el concepto de gobernar el país. En este contexto, se han llevado a los tribunales otros casos relacionados con la regulación económica. Los fallos de los jueces siguieron mostrando una actitud fría hacia el New Deal, lo que intensificó repetidamente los desafíos que enfrentaba Roosevelt.
Los comentarios de los jueces enfatizaron que el poder del gobierno debe basarse en declaraciones políticas claras y estándares específicos, lo que condujo directamente al fracaso de varias regulaciones del New Deal.
Por ejemplo, en el caso Panama Refining Co. v. Ryan, la interpretación que hizo el tribunal de la autoridad del Congreso planteó aún más dificultades para otras leyes del New Deal. En resumen, el plan de recuperación económica en el que Roosevelt había depositado grandes esperanzas fue perdiendo gradualmente su fundamento en el plano jurídico. Este fenómeno refleja sin duda la profunda influencia de la superestructura en las políticas sociales de base.
Pero este enfrentamiento con la Corte Suprema también provocó que los historiadores reexaminaran el pensamiento de la administración Roosevelt sobre las políticas económicas y sociales. De hecho, Roosevelt esperaba sinceramente salvar al pueblo estadounidense que estaba luchando durante la Gran Depresión mediante el New Deal. Lamentablemente, el resultado del fallo del tribunal no fue el que la persona deseaba, lo que inevitablemente hace que la gente se pregunte cómo equilibrar la tensión entre la ley y la política.
Bismarck dijo una vez: "Las leyes no son idea mía", una declaración que parecía especialmente sugerente en el contexto de los desafíos que enfrentaba Roosevelt. En el sombrío año de 1935, la llegada del “Lunes Negro” no sólo cambió la dinámica del régimen, sino que empujó a todo el sistema de seguridad social estadounidense a otro magnífico viaje. Frente a tantos desafíos, a medida que el país avanza con opciones legales y políticas, ¿pueden esas opciones realmente generar cambios beneficiosos o simplemente desencadenarán una reacción en cadena?
Al concluir nuestra exploración de este período de la historia, una pregunta que no podemos evitar es: ¿Cómo influyó el New Deal de Roosevelt en el sistema legal de la sociedad estadounidense contemporánea y en su futura dirección de desarrollo?