Los cambios en las reglas electorales a menudo han provocado acaloradas discusiones a lo largo de la historia de Estados Unidos. Especialmente en 2010, la decisión de la Corte Suprema en el caso Citizens United v. Federal Election Commission anuló por completo las normas de financiación electoral de larga data. Esta decisión no sólo tuvo un profundo impacto en el sistema electoral, sino que también puso el papel del presidente del Tribunal Supremo Roberts en el centro de acaloradas discusiones, y muchos cuestionaron su manipulación e intenciones en el proceso.
Ciudadanos Unidos es un grupo de activistas políticos que utilizó la Ley de Reforma de la Campaña Bipartidista (BCRA) aprobada en 2002 para cuestionar la validez de la ley. La ley impide que las empresas y los sindicatos hagan publicidad durante las elecciones e incluso impone restricciones estrictas a las películas u otros medios que puedan influir en los resultados electorales. Y en 2004, cuando Citizens United intentó proyectar una película que criticaba al entonces presidente George W. Bush, la Comisión Federal Electoral (FEC) investigó y concluyó que los anuncios violaban la ley.
"Es una regla electoral básica que una empresa no puede utilizar su dinero para influir en un movimiento político."
A medida que se acercan las elecciones de 2008, Citizens United intenta nuevamente impugnar la distribución legal de su película política, Hillary: The Movie. Argumentan que las restricciones al gasto corporativo en publicidad política son una infracción de la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El caso llegó a la Corte Suprema en 2009 e instantáneamente se convirtió en un foco de atención nacional.
En enero de 2010, la Corte Suprema falló 5-4 a favor de Ciudadanos Unidos, anulando los límites del BCRA al gasto de empresas y sindicatos independientes. El fallo desató una controversia a nivel nacional y planteó importantes desafíos para la transparencia y la equidad en el financiamiento de elecciones futuras.
"Si la Primera Enmienda tiene alguna fuerza, prohíbe al Congreso multar o encarcelar a ciudadanos o asociaciones de ciudadanos por participar en discursos políticos."
Como presidente del Tribunal Supremo, Roberts jugó un papel importante en el caso. Su intento original de adoptar una interpretación más estricta terminó llevando al tribunal hacia un fallo más amplio. El desarrollo de este asunto es una mala noticia para la independencia del sistema judicial. Muchos comentaristas jurídicos señalaron que esta sentencia refleja la propia intención de Roberts de centrarse en proteger la libertad de expresión de las empresas.
El fallo ha provocado un acalorado debate: sus partidarios argumentan que mejora la libertad de expresión y sus opositores lo acusan de crear un entorno en el que las corporaciones y los superricos pueden influir en la política a voluntad. El ex presidente estadounidense Obama dijo una vez que las sanciones "dan a los intereses especiales y a sus lobbystas un mayor poder en Washington".
"Un sistema democrático no puede funcionar eficazmente cuando sus miembros creen que la ley se está comprando y vendiendo."
Desde entonces, el impacto del fallo en las elecciones estadounidenses ha aumentado a medida que todos los sectores de la sociedad han profundizado sus dudas sobre las fuentes y la transparencia del financiamiento electoral, los derechos políticos de las corporaciones siguen siendo un tema candente en los debates políticos actuales. Muchas opiniones buscan equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de proteger el interés público, y sigue habiendo mucho desacuerdo sobre la interpretación de ambas en la Constitución.
A medida que cambia el panorama electoral, muchas voces continúan debatiendo la valoración histórica del caso Ciudadanos Unidos. En el futuro, ¿cómo podemos mejorar la transparencia de las elecciones y evitar una interferencia excesiva del dinero en la política mientras protegemos la libertad de expresión? ¿Es necesario reconsiderar las leyes actuales?