En una decisión histórica de 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos revisó significativamente su comprensión del financiamiento de campañas y la libertad de expresión en Citizens United v. Federal Election Commission. La sentencia permite a empresas y sindicatos gastar libremente en las elecciones políticas, un resultado que ha provocado un amplio debate social, en particular sobre su impacto en la democracia. Muchos expertos, incluido el ex juez de la Corte Suprema John Paul Stevens, se mostraron firmemente en desacuerdo y argumentaron que el fallo socavaría los cimientos de la democracia.
La principal preocupación del juez Stevens sobre el fallo era que podría conducir a "una democracia disfuncional".
Antes de este caso, la ley estadounidense prohibía a las corporaciones y sindicatos realizar gastos políticos independientes, según la Sección 203 de la Ley de Reforma Electoral del Estrecho. Citizens United impugnó la ley, argumentando que violaba la libertad de expresión de la Primera Enmienda. La decisión final de la Corte Suprema revocó jurisprudencia anterior, permitiendo a empresas y sindicatos gastar dinero libremente para apoyar a candidatos de su elección, una decisión que fue confirmada por una votación de 5 a 4.
Disidencia del juez StevensStevens dijo que la decisión "amenaza la integridad de las instituciones electorales de la nación" y cuestionó si el gasto corporativo conduciría a la desconfianza social en la ley.
En su opinión discrepante, Stevens destacó lo que es clave para el funcionamiento de una democracia: "la confianza de los ciudadanos en sus funcionarios y en el proceso electoral". Él cree que el apoyo financiero ilimitado de las grandes corporaciones podría conducir a la desigualdad en el ámbito político, dificultando que los ciudadanos comunes tengan voz y voto en las elecciones.
El ex magistrado advirtió que la confianza pública en el sistema democrático se erosionaría cuando las leyes parecieran "compradas". Stevens enfatizó que la democracia no se trata de quién tiene más dinero, sino que la voz de cada ciudadano debe ser escuchada por igual en el debate político.
¿Por qué estas sentencias ponen en peligro la democracia? El disenso del juez Stevens se centró en dos aspectos. En primer lugar, le preocupaba que el gasto corporativo concentrara gradualmente el control de las elecciones en manos de unas pocas personas ricas, influyendo así en la formulación de políticas. En segundo lugar, subrayó que una intervención financiera excesiva conducirá a una pérdida de confianza pública en la política, lo que provocará daños irreversibles a los cimientos de la democracia.Considera que el funcionamiento eficaz de la democracia requiere una regulación efectiva de los flujos financieros para evitar situaciones en las que exista una influencia indebida.
En Estados Unidos, un valor fundamental de la democracia es que todos los ciudadanos tienen voz y voto, independientemente de sus recursos financieros. A Stevens le preocupa que, a medida que las corporaciones crecen, las voces de los ciudadanos comunes serán cada vez más ignoradas, lo que conducirá al fracaso de la democracia. Cuando el proceso electoral está impulsado por el dinero en lugar de la participación ciudadana, se subvierte la esencia misma de la democracia.
"La democracia debería ser un asunto de todos los ciudadanos, no un juego para unos pocos grupos de interés."
La sentencia ha provocado un acalorado debate en todo el país. Muchos políticos, activistas sociales y grupos cívicos han expresado diferentes puntos de vista sobre esto. Para quienes apoyan el fallo, es una protección a la libertad de expresión y un paso hacia la restauración de la esencia de la democracia. Sin embargo, los opositores creen que esta sentencia sin duda permite que el dinero juegue un papel demasiado importante en la política, exacerbando aún más la desigualdad social.
Por ejemplo, en reacción al caso, el entonces presidente Barack Obama señaló que la situación daría más poder a los intereses especiales y a los lobbystas. En su opinión, el fallo no supone sólo una ampliación de la libertad financiera, sino que también representa un desequilibrio de poder en los mecanismos democráticos.
ConclusiónLa disidencia del juez Stevens resalta las profundas preocupaciones que tienen los ciudadanos sobre la imparcialidad de sus elecciones y la integridad de nuestra democracia. En una época en que el dinero tiene cada vez más influencia en la política, ¿qué mecanismos pueden proteger realmente nuestro sistema democrático de la erosión?