En 1984, con la aprobación de la Ley Nacional de Trasplante de Órganos (NOTA), el sistema de asignación de órganos de EE. UU. marcó el comienzo de cambios fundamentales. Esta historia no sólo revela el marco legal para el trasplante de órganos, sino que también refleja un pensamiento profundo sobre los derechos humanos y la ética. La aprobación de NOTA fue una respuesta positiva a la creciente escasez de órganos en ese momento y estableció nuevos estándares para la donación y el trasplante de órganos.
Antes de 1984, Estados Unidos no tenía regulaciones legales claras sobre los derechos de propiedad de los restos humanos. La ley de aquella época sólo permitía a los familiares decidir el método de entierro o eliminación, pero no podía vender o transferir legalmente los órganos, lo que impedía en cierta medida la aparición de un mercado negro de órganos. Sin embargo, a medida que aumenta la demanda de órganos, los delincuentes se aprovechan de este vacío legal y comienzan a intentar obtener ganancias ilegales fuera del hospital.
En 1983, H. Barry Jacobs anunció públicamente que comercializaría órganos humanos en el mercado, un plan que despertó preocupación e indignación generalizadas en la sociedad.
Este proyecto de ley establece la base legal para la donación de órganos y regula la adquisición y distribución de órganos. El proyecto de ley prohibía explícitamente la transferencia de órganos humanos a cambio de dinero, lo que era particularmente importante en el contexto de la época porque tenía como objetivo resistir la tendencia comercial del comercio de órganos.
El Capítulo 1 establece que el Grupo de Trabajo sobre Obtención y Trasplante de Órganos establecido por el Secretario de Salud y Servicios Humanos será responsable de gestionar el procesamiento y distribución de órganos de personas fallecidas. Los miembros del grupo de trabajo están compuestos por expertos en diversos campos, que abarcan cuestiones médicas, legales y éticas.
El Capítulo 2 establece Organizaciones de Obtención de Órganos (OPO, por sus siglas en inglés) cuyo propósito es aumentar el número de donantes de órganos fallecidos registrados y coordinar el proceso de donación cuando un donante esté disponible. El capítulo también creó la Red de Trasplante y Adquisición de Órganos de los Estados Unidos (OPTN) para facilitar la compatibilidad y distribución de órganos.
Las responsabilidades de OPTN incluyen desarrollar una política de consenso, recopilar y gestionar datos científicos sobre donación y trasplante de órganos y mantener un sistema seguro para la lista de espera nacional de trasplantes de órganos.
La NOTA establece claramente que nadie puede obtener, aceptar o transferir órganos humanos a cambio de dinero u otras consideraciones valiosas. Si infringe la ley, podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de 50.000 dólares.
Aunque NOTA ha tomado medidas enérgicas con éxito contra la comercialización del comercio de órganos, todavía existen muchas controversias. Algunos comentaristas creen que si el trasplante de órganos se convierte en una práctica comercial, puede ejercer presión sobre los grupos económicamente desfavorecidos y dar lugar a prácticas de donación inadecuadas.
El establecimiento de estos precios puede tratar injustamente a las personas que no pueden pagar el costo, e incluso puede aumentar sus riesgos para la salud.
Desde 1984, NOTA ha sido objeto de varias revisiones para mejorar aún más el marco legal para la distribución de órganos. En particular, la revisión de 1990 estableció un registro federal para registrar información sobre todos los receptores de trasplantes de órganos, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas. Estos avances no sólo han mejorado la gestión del trasplante de órganos, sino que también han aumentado la conciencia de la sociedad sobre la donación de órganos.
Aunque la Ley Nacional de Trasplante de Órganos se ha convertido en la piedra angular del sistema de donación y trasplante de órganos de Estados Unidos, en la sociedad actual, cómo equilibrar la contradicción entre la protección de los derechos humanos y la demanda de órganos sigue siendo un problema urgente que debe resolverse. Quizás, con el avance de la tecnología y los cambios en los conceptos sociales, podamos alcanzar en el futuro un modelo de asignación de órganos más razonable para satisfacer las necesidades de cada paciente. ¿Puede convertirse esto en nuestro consenso y objetivo?