En el actual entorno empresarial globalizado, las estrategias fiscales de las empresas multinacionales atraen cada vez más la atención de las autoridades fiscales de diversos países. Los precios de transferencia se refieren al mecanismo de fijación de precios para las transacciones entre una empresa y sus subsidiarias, especialmente aquellas con control o propiedad común. Este método de fijación de precios puede afectar el ingreso tributable de una empresa y convertirse en una herramienta potencial para que las empresas eviten impuestos.
"Los precios de transferencia son un tema complejo que involucra no sólo la evaluación fiscal sino también la equidad en el comercio global".
Según las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, la mayoría de los países siguen el "principio de plena competencia", que requiere que las empresas multinacionales sigan el nivel de precios entre partes no relacionadas en el mercado al fijar los precios. Si los precios de transferencia entre empresas se desvían de los estándares del mercado, las autoridades fiscales de varios países tienen el derecho de realizar ajustes para garantizar que los ingresos tributables declarados por las empresas sean verdaderos.
Las empresas multinacionales activas aprovechan la flexibilidad de los precios de transferencia para reducir su carga fiscal. Sin embargo, dicha manipulación no siempre es legal, especialmente cuando se considera una manipulación deliberada para evitar impuestos. En 2013, la OCDE anunció el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS), que identificó explícitamente los problemas potenciales de los precios de transferencia y estableció la transparencia fiscal corporativa como su principal objetivo. En su informe final de 2015, la OCDE recomendó seguir aplicando el principio de plena competencia, pero reforzó significativamente la regulación de los precios de los grupos multinacionales.
"Debemos reconocer que los precios de transferencia no deben confundirse con la facturación comercial fraudulenta, sino que deben considerarse como dos cuestiones de política distintas".
En más de sesenta países de todo el mundo se han establecido normas sobre precios de transferencia, la mayoría de las cuales se basan en el principio de plena competencia. Estas normas permiten a las partes fijar precios, pero también dan a las autoridades fiscales el poder de ajustar esos precios para garantizar la imparcialidad de los cálculos fiscales. El precio ajustado se basa principalmente en las funciones, los riesgos y las condiciones de transacción entre las partes relevantes. De manera similar, los ajustes de precios de transferencia también pueden tener un impacto en otras partes relevantes de la empresa, involucrando las obligaciones tributarias de todas las partes involucradas en la transacción.
Los precios de transferencia han sido durante mucho tiempo un componente central de la mayoría de los sistemas tributarios y han evolucionado desde la década de 1930. Estados Unidos estableció directrices detalladas sobre precios de transferencia en 1994, mientras que la OCDE lanzó sus directrices amplias sobre precios de transferencia en 1995, que luego se ampliaron en 1996 y 2010. Estos dos conjuntos de directrices son vinculantes y similares para la mayoría de los países.
Las autoridades fiscales de muchos países supervisarán y compararán datos significativos sobre operaciones entre partes relacionadas para determinar si es apropiado realizar ajustes. Incluso si los precios de transacción entre partes relacionadas están relacionados, las autoridades fiscales aún necesitan verificar si estos precios cumplen los criterios de transacciones independientes. Especialmente en las transacciones de servicios, las autoridades fiscales a menudo exigen a las empresas que aporten pruebas para demostrar que las tarifas cobradas son razonables y tienen beneficios comerciales reales a nivel nacional y extranjero.
Por lo tanto, al diseñar estrategias de precios de transferencia, las empresas deben seguir el principio de consistencia de precios con partes independientes y considerar el concepto de “comparabilidad similar”, incluyendo factores como el nivel de mercado, las condiciones económicas y la ubicación geográfica. Hacerlo no sólo puede evitar posibles riesgos fiscales, sino que también ayuda a garantizar que la empresa obtenga los mejores beneficios fiscales dentro del ámbito legal.
Con el rápido desarrollo de las empresas multinacionales y la creciente intensidad de la supervisión global, el cumplimiento de los precios de transferencia se convertirá en un desafío importante para las empresas. Si una empresa no responde adecuadamente a la auditoría de las autoridades fiscales, no solo puede enfrentarse a enormes multas, sino también dañar su reputación comercial.
En el entorno empresarial del futuro, ¿cómo pueden las empresas lograr un equilibrio entre la optimización y el cumplimiento fiscal?